La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció que se presentará una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales para que declare en una investigación por trata de personas y estupro.
A pesar de estar citado a declarar en Tarija, Morales no asistió y argumentó que el caso debe ser tratado en Cochabamba. Gutiérrez indicó que también se llamó a declarar a otras dos personas investigadas en el caso. Morales ha denunciado que se trata de una “persecución política” y ha recibido apoyo de organizaciones sociales afines, advirtiendo con un bloqueo de caminos si se emite la orden de aprehensión. El exmandatario se ha comprometido a enfrentar la situación legal con una amplia defensa legal gratuita y ha recibido la solidaridad de diversas organizaciones internacionales, como el Grupo de Puebla, que han expresado su preocupación por la judicialización política en su contra.
La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de trata de personas y estupro.
“Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos”, señaló Gutiérrez, que es la fiscal departamental de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso.
Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.
Morales estaba citado a declarar el jueves en Tarija, pero su defensa presentó un memorial para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región central de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
La fiscal explicó que “el mandamiento de aprehensión que se va a emanar para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa” y que también responderán a los memoriales presentados por la defensa de Morales.
Gutiérrez sostuvo que “no se está vulnerando ningún derecho”, como han asegurado Morales y sus abogados defensores, y afirmó que “todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal”.
Las organizaciones sociales afines a Morales advirtieron en esta jornada que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el expresidente comenzarán un bloqueo nacional de caminos.
El exmandatario boliviano, que está distanciado del Gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá de esa “batalla jurídica”, que para él es una “persecución política” y ha señalado que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo “gratuitamente”.
La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de la llegada a La Paz de una caminata liderada por Morales por diversas demandas, entre ellas la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado “candidato único” del MAS para las elecciones generales de 2025.
El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra el líder del MAS.
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