Revelan graves fallas en reunificación familiar de menores migrantes
Informe revela incumplimientos normativos, falta de coordinación entre organismos públicos y debilidades en los controles migratorios. La CGR ordenó sumarios en tres instituciones y remitirá antecedentes al Ministerio Público.
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó una serie de irregularidades administrativas en la gestión del Programa de Reunificación Familiar, mecanismo que permite el ingreso al país de niñas, niños y adolescentes extranjeros para reunirse con sus familiares residentes en Chile.
Los antecedentes fueron dados a conocer a través del Informe Final N° 541-2025, publicado este 24 de junio, documento que analizó denuncias relacionadas con el ingreso de menores provenientes de Haití mediante vuelos chárter y eventuales vulneraciones a sus derechos durante el proceso migratorio.
La investigación concluyó que existieron incumplimientos a la normativa vigente en la tramitación de permisos de reunificación familiar. Entre las observaciones detectadas figuran certificados vencidos o sin legalización, ausencia de documentación obligatoria y la aplicación de criterios que redujeron requisitos establecidos por ley y reglamento para autorizar el ingreso al país.
El informe también evidenció falencias en el control de vuelos, especialmente aquellos operados bajo modalidad chárter. La Contraloría detectó que una aerolínea ingresó pasajeros sin presentar los listados exigidos por la normativa, situación que no fue sancionada oportunamente por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Asimismo, se constataron insuficientes verificaciones respecto de los adultos responsables de los menores y discrepancias en la información registrada.
Según el organismo fiscalizador, estas situaciones reflejan problemas de coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, entidades responsables de velar por la correcta ejecución del programa y la protección de los menores involucrados.
La Contraloría advirtió además la ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías frente a situaciones de riesgo, lo que dificultó el seguimiento efectivo de niños, niñas y adolescentes para garantizar el resguardo de sus derechos.
Respecto del Servicio Nacional de Migraciones, el informe señala debilidades significativas en sus controles internos, incluyendo la falta de verificación de antecedentes entregados por los solicitantes, la inexistencia de protocolos para situaciones críticas y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con informes policiales exigidos. También se detectaron registros incompletos, duplicados y errores en las bases de datos institucionales.
En el caso de la PDI, la auditoría concluyó que la institución carece de manuales generales y completos para el control migratorio, operando principalmente mediante instructivos parciales. Además, se identificaron errores en registros de pasaportes, discrepancias con la información manejada por el SERMIG y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular.
La CGR también observó deficiencias en la estructura de control interno de los organismos auditados, destacando la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales para la asignación de solicitudes y problemas en la definición de roles dentro de los sistemas informáticos utilizados.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Adicionalmente, ordenó implementar mecanismos de seguimiento activo a los niños, niñas y adolescentes que ingresaron bajo esta modalidad, con el objetivo de verificar que sus derechos no hayan sido vulnerados. También realizará un examen de cuentas por la falta de aplicación de sanciones económicas a la aerolínea involucrada.
Finalmente, el organismo fiscalizador inició un procedimiento disciplinario por la filtración de información reservada contenida en el preinforme de auditoría, incluyendo antecedentes sensibles de menores de edad, y remitió los antecedentes al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
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