Editorial | Alta Dirección Pública: el concurso termina, la influencia política comienza
La Alta Dirección Pública (ADP) fue creada para reducir la discrecionalidad política y privilegiar el mérito en los principales cargos del Estado. Y, en buena medida, lo ha conseguido: hoy miles de cargos se proveen mediante concursos y en 2025 hubo 56.092 postulaciones, 424 concursos finalizados y 350 nombramientos.
Pero el problema aparece justamente al final del concurso.
En los cargos de primer nivel, el Consejo de Alta Dirección Pública selecciona y envía al Presidente una terna o cuaterna. A partir de esa nómina, la autoridad política escoge al ganador. Es decir, el sistema garantiza mérito para llegar a la etapa final, pero no garantiza que quien resulte elegido sea necesariamente el mejor evaluado o el más idóneo entre los finalistas.
Y ahí queda abierta una puerta importante para la influencia política.
No se trata de afirmar que todos los nombramientos respondan a cuotas partidarias. Sería injusto y no existe evidencia para sostenerlo como regla general. El problema es institucional: el sistema permite que la decisión final responda también a criterios de confianza política que no necesariamente son transparentes ni verificables públicamente.
La contradicción es evidente. Se invierten recursos, tiempo y capacidades profesionales para construir una nómina de los mejores candidatos y, finalmente, una autoridad puede escoger entre ellos sin explicar públicamente por qué optó por uno y descartó a los demás.
Más aún, la propia legislación mantiene espacios de discrecionalidad. En 2026, por ejemplo, el Presidente utilizó la facultad legal para designar directamente 12 jefes de servicio de primer nivel, sin concurso, durante los primeros meses de Gobierno.
Entonces, ¿ha funcionado la ADP? Sí. Pero no ha terminado con la influencia política en el Estado.
El desafío de una próxima reforma debería ser precisamente ese: mantener la conducción política legítima del Gobierno, pero exigir mayor transparencia y fundamentación de la decisión final cuando existen candidatos seleccionados mediante un concurso público.
Si el Estado chileno pide a miles de profesionales competir por mérito, también tiene derecho la ciudadanía a saber por qué se eligió finalmente a uno y no a otro.
La ADP no necesita desaparecer. Necesita dar el siguiente paso: que el mérito no termine cuando comienza la decisión política.
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