a Comisión de Educación del Senado concluyó la votación en particular del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca fortalecer las medidas de seguridad, orden y convivencia al interior de los establecimientos educacionales.

Tras una extensa jornada, las y los senadores revisaron 82 indicaciones presentadas por el Ejecutivo y parlamentarios de distintos sectores políticos. La propuesta quedó lista para ser discutida y votada en general y particular en una sesión de Sala convocada para la tarde del lunes 18 de mayo.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue el procedimiento de revisión de mochilas. La comisión acordó que dos integrantes de la comunidad educativa, al menos uno perteneciente al área de Convivencia Escolar, podrán solicitar a los estudiantes vaciar sus mochilas cuando existan indicios de presencia de armas o elementos peligrosos.

Asimismo, se aprobó incluir la revisión de bolsillos bajo las mismas condiciones, estableciendo que serán los propios estudiantes quienes exhiban sus pertenencias, evitando el contacto directo de terceros.

El proyecto también diferencia entre revisiones masivas y particulares. Las primeras podrán realizarse en salas o espacios comunes del establecimiento, mientras que las particulares se efectuarán en un lugar separado cuando existan sospechas fundadas y resistencia del alumno.

En caso de negativa a la revisión, el establecimiento deberá contactar al apoderado y, si éste no concurre, podrá solicitar la presencia de Carabineros o la PDI.

Otro aspecto abordado fue la regulación del uso de gorros, capuchas y otras prendas que dificulten la identificación, aunque se establecieron excepciones para estudiantes con condición TEA, neurodivergencias, enfermedades, motivos religiosos o identidad de género.

Además, la comisión aprobó excluir de sanciones las situaciones derivadas de crisis emocionales, condiciones de salud o discapacidad que puedan provocar interrupciones de clases.

Finalmente, el texto contempla restricciones temporales para acceder a la gratuidad en educación superior a personas condenadas por delitos graves contra integrantes de comunidades educativas o infraestructura escolar, aunque se excluyó a quienes cometieron los hechos siendo menores de edad y se limitó la medida a un máximo de cinco años.