Una detective se niega a abandonar el colegio de la PDI tras vivir allí 3 años: resultó herida durante una explosión

Una detective mantiene una batalla legal contra la PDI, tras negarse a dejar la escuela institucional en donde reside hace más de tres años junto a su familia. Si bien fue aceptada en este lugar tras ser herida durante un procedimiento en 2019, la policía de civil afirma que se trató de una medida temporal.

La PDI debió explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago por qué una funcionaria lleva tres años viviendo, junto a sus padres, en una escuela de la institución.

De acuerdo a La Segunda, todo se remonta a la época del estallido social, cuando la detective Danitza Araya sufrió severas lesiones que la dejaron en silla de ruedas.

Esto motivó una orden “verbal” del entonces director general de la PDI, Héctor Espinosa, para que la policía se recuperara al interior de la Escuela de Investigaciones “Presidente Arturo Alessandri Palma”.

Sin embargo, a tres años de ello, Araya se niega a abandonar el inmueble y presentó un recurso de protección por presuntos actos “intimidatorios” que habría sufrido.

Escuela PDI: fue llevada tras ser herida en procedimiento

La historia comienza el 21 de octubre de 2019, cuando la detective fue atropellada y recibió un impacto de bala en medio de un procedimiento en Pudahuel.

Producto de aquello, se le ofreció residir en la escuela como una “circunstancia transitoria y temporal”, como consta en el escrito de 31 páginas presentado por la PDI.

Danitza Araya tenía su residencia en la comuna de Rengo, región de O’Higgins, y debía someterse a un tratamiento en la Mutual de Seguridad de Santiago producto de sus lesiones.

“El recinto de salud se encontraba muy cerca de la Escuela de Investigaciones Policiales, lo que también se tuvo en consideración a la hora de adoptarse dicha medida”, señaló la policía de civil.

Detective acuse acciones “intimidatorias”

Según la funcionaria, ha sufrido una serie de acciones “intimidatorias” por parte de otros miembros de la institución.

Asimismo, asegura que tuvo problemas para asistir a un recinto privado, la Clínica MEDS, para continuar con su tratamiento kinesiológico.

A pesar de ello, la PDI afirma que ha realizado pagos por prestaciones médicas a favor de la recurrente, los que superarían los $198 millones.

“Se autorizó la intervención quirúrgica en la Clínica MEDS, por el trauma raquimedular, cuyo valor ascendió aproximadamente a la suma de $26.574.830”, agregan.

Familia rechaza traslado a otro inmueble

De acuerdo a la Policía de Investigaciones, se acondicionaron dos inmuebles en Santiago Centro para derivar a Araya y su familia, lo que habría significado un desembolso de $32 millones.

A estas remodelaciones se habría sumado la instalación de camas, clóset, mesa de comedor, sillas, sofás y mesas de centro, entre otras especies.

En una reunión entre la detective y su jefe directo, se le habría pedido la devolución de las dependencias fiscales, ya que su ocupación era sólo de manera temporal.

En aquella cita, la familia habría manifestado “su negativa a trasladarse, haciendo alusión a que ellos exigían un inmueble ubicado en una comuna del sector oriente de la capital, y que, de no existir la posibilidad de un inmueble fiscal en ese sector, mantendrían su permanencia”.

En este punto, el abogado de Araya indicó que la PDI tiene “departamentos fiscales adecuados y ubicados en sectores que dan la seguridad en las condiciones que se encuentra mi representada y de acuerdo a su condición de oficial de la Policía de Investigaciones, herida en acto de servicio”.